EFE | LA PATRIA | Bogotá

La Procuraduría General de la Nación (Ministerio Público) abrió una investigación contra el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, por presuntas irregularidades en la toma de posesión e intervención forzosa administrativa de la entidad prestadora de salud (EPS) Sanitas, propiedad del grupo de origen español Keralty.

"La apertura de la investigación disciplinaria tiene origen en una queja instaurada en contra de la superintendencia, por una aparente falsa motivación consignada en la resolución que ordenó la intervención de la EPS", dijo este jueves ese organismo en un comunicado.

La estatal Superintendencia de Salud (Supersalud) intervino el martes pasado, por un periodo de un año, a la EPS Sanitas por supuesta insolvencia, en medio de la crisis que enfrentan varias empresas del sector en el país.

El órgano de control solicitó a la Supersalud copia del proceso realizado para tomar posesión de esa entidad, así como del trámite para designar al agente interventor.

Además, requirió el número de quejas, reclamaciones y tutelas con relación al número de afiliados y las deudas de la EPS contraídas con la red de prestadores y proveedores de servicios, insumos y tecnología en salud, entre otras pruebas.

A propósito de la intervención, Keralty anunció este jueves que está sopesando las acciones a tomar para recuperar la administración de la empresa porque considera la medida "arbitraria" e "ilegal".

"Rechazamos enérgica y contundentemente la intervención arbitraria de nuestra EPS por considerarla improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria", afirma Keralty en un comunicado.

El grupo recuerda que Sanitas cuenta con inversiones que respaldan sus reservas técnicas "por un valor superior a los 800.000 millones de pesos" (unos 209,15 millones de dólares al cambio de hoy).

La Supersalud, entre tanto, alegó supuesta insolvencia de Sanitas, que tiene deudas de más de dos billones de pesos.

Además de Sanitas, el Gobierno colombiano intervino este miércoles la Nueva EPS, la mayor empresa del sector en el país, que tiene 10,9 millones de afiliados.

Diferentes sectores han criticado estas acciones porque las consideran un intento del Gobierno de imponer a la fuerza su reforma a la salud, luego de que el proyecto de ley presentado al Congreso se hundiera definitivamente en la Comisión Séptima del Senado el pasado miércoles.